A escasas horas de conmemorar los XX años de la tragedia de Acteal, de aquel el 22 de diciembre de 1997, los habitantes de Chachihuitán advierten al gobernador, Manuel Velasco, que  si no cumple de manera urgente las peticiones de los desplazados, su llegada a la localidad de Acteal, del municipio de Chenalhó, no tendrá las condiciones adecuadas.

“El gobierno de Chiapas no vive, está muerto porque no siente, no se da cuenta que son seres humanos que les duele la situación que está pasando en Chachihuitán”, señaló Marcos Pérez Gómez, del paraje Canech, de Chachihuitán, al transcurrir dos meses del desplazamiento de más de 5 mil indígenas de Chenahló y  Chachihuitán.

 

“Mentiras, violencia e insensibilidad” es la política del gobierno de Manuel Velasco, enfatizó “porque no se entiende de otra manera, porque está muerto el gobierno pues, porque no hace nada, yo así lo veo”, recalcó Pérez Gómez.

Señaló que la estrategia del gobierno beneficia a la violencia, prueba de ello es la resolución que dio a la presidenta de Chenahló, quien se atrevió a negar a los desplazados, “pero una cosa le decimos al gobierno que los valientes existen hasta que los cobardes lo permiten, porque no podemos estar todo el tiempo así”.

Negó que Chachihuitán haya aceptado la supuesta negociación realizada a través del Tribunal Unitario Agrario, 03 de Tuxtla Gutiérrez, quien emitió a favor de  Chenahló a cambio de construir 300 viviendas para el municipio de Chachihuitán. Señaló que el procedimiento del Tribunal fue un error, “nosotros visualizamos que Chenalhó quiere adueñarse mediante la intimidación,  apoyado por el gobierno, porque lo único que Chenalhó tienen son las armas, no pueden probar una posesión legal, no pueden probar sus dichos”, recalcó.

Por eso razón, en un documento dirigido a los tres niveles de gobierno, los pobladores de Chachihuitán exigen el desarme total de los pobladores de Chenahló, porque ahora los paramilitares “se pasan como gente civil, gente de la comunidad” para hacer uso de las armas de fuego y seguir con la intimidación.

Entre la serie de requerimientos escritos en el documento, exigen cárcel a los autores físicos e intelectuales de los desplazados, entre ellos a la presidenta municipal de Chenalhó,  Rosa Pérez Pérez, quien además, en conjunto con el gobernador, Manuel Velasco, responsabilizan por las muertes ocurridas durante los dos meses de desplazamiento, porque la sentencia fue hecha el 6 de noviembre de 2017 y fue dada a conocer hasta el 13 de diciembre.  

Al mismo tiempo señalan que los habitantes no pueden retornar a las comunidades porque no ha cesado el uso de las armas de fuego, por eso exigen una mesa de trabajo interinstitucional para dar solución al problema, porque los “único que hizo el gobierno es dar una solución política, en la que Chachihuitán no estuvo de acuerdo, puesto que sólo favoreció políticamente a Chenahló”.

 

Además destacan que no aceptarán la reubicación de ningún habitante de Chachihuitán y exigen que el gobierno respete  y haga cumplir la ley. 

IDALIA DÍAZ/ELTIEMPO DE CHIAPAS

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