Mediante dos maniobras legislativas la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas desapareció jurídicamente el “Seguro Mutuo de Vida de los Funcionarios y Empleados” del gobierno estatal y eliminó toda posibilidad para que los trabajadores pudieran recuperar las aportaciones realizadas al millonario fondo que finalmente fue adjudicado al patrimonio estatal sin mayor explicación.

El decreto por el que se abrogó la “Ley del Seguro Mutuo de Vida de los Funcionarios y Empleados del Gobierno de Chiapas” fue aprobado y publicado en el Diario Oficial del Estado el pasado 20 de junio. Se trataba de una ley que había estado vigente desde el 19 de junio de 1946 y contaba con un fondo millonario robustecido con las aportaciones de los burócratas estatales a lo largo de 72 años.

La iniciativa de decreto presentada por la Secretaría de Hacienda argumentaba que la ley de Seguro Mutuo era obsoleta, ya no estaba acorde con la realidad jurídica y, por lo tanto, dificultaba los procedimientos para la tramitación y pago de los seguros de vida correspondientes.

“Para la administración y control de dicha Ley, es competente la Secretaría de Hacienda, y por ende se determinó que la misma presenta obsolescencia en contenido, ya que no es acorde a la realidad jurídica ya que no contempla procedimientos y autoridades actuales, causando con ello lagunas legales y rezago en los trámites de apertura y pago en el seguro a los beneficiarios de los cujus”, detalla unos de los considerandos del decreto de extinción.

El transitorio quinto de dicho decreto otorgó a los burócratas chiapanecos un plazo de 180 días naturales después de la desaparición para solicitar las aportaciones hechas al fondo del Seguro Mutuo durante toda su antigüedad laboral. Se designó a la propia Secretaría de Hacienda como responsable de atender los trámites de solicitud y pago del dinero.

La noticia sobre lo sucedido se filtró a redes sociales y propagó rápidamente entre la población. Desde los primeros días de julio las filas en la Secretaría de Hacienda comenzaron a hacerse más numerosas. Hubieron personas como Karla Hernández Valencia, trabajadora de la Secretaría de Salud, que pese a formarse por más de cinco horas no pudo hacer la entrega de la solicitud. Los módulos de atención sólo operaron por una semana, para finalmente se cerrados al público

Karla lleva 14 años de trabajar para el gobierno de Chiapas y durante todo ese tiempo se le realizó un descuento vía nómina de entre 50 y 60 pesos quincenales para el rubro de Seguro Mutuo. Como ella, según datos oficiales de la propia Secretaría de Hacienda en Chiapas, existen alrededor de 76 mil trabajadores más dentro de la nómina estatal que han realizado aportaciones similares durante toda su vida laboral.

Se trata de un aproximado de tres millones 800 mil y cuatro millones 560 mil pesos los que ingresaban quincenalmente al fondo de Seguro Mutuo. Un monto total que, de acuerdo a estimaciones extraoficiales, ascendería a más de 109 millones de pesos anuales.

Sin embargo, el último golpe a los trabajadores chiapanecos se consumó apenas este martes 17 de julio cuando el Congreso de Chiapas, a solicitud de la misma Secretaría de Hacienda, aprobó un nuevo decreto por el que se derogó el transitorio quinto de decreto de extinción, eliminando así la posibilidad de que los trabajadores pudieran reclamar o recuperar el dinero aportado.

De esta forma, el fondo millonario aportado por los burócratas estatales será adjudicado de manera directa a a las arcas del gobierno de Chiapas, sin mayor detalle de su destino final. La controversia ha cobrado mayor fuerza debido a que la maniobra se da a sólo cinco meses de que el concluya el gobierno de Manuel Velasco Coello señalado ya de múltiples irregularidades financieras.    

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