Sangre, violencia y desintegración social arrojaron las reelecciones de presidentes municipales de Chiapas. Los hechos ocurridos en Ocozocoautla y otros municipios que optaron por la reelección es un claro ejemplo de los resultados negativos  de la reforma constitucional de 2014 (artículos 59, 115 y 116) y la consecuente modificación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana que abrió la posibilidad de la reelección de diputado, presidentes municipales, síndicos y regidores a nivel local, y de diputados federales y senadores a nivel federal; a partir de la elección de 2018.

 

 “Sufragio Efectivo no Reelección”, fue el lema de la campaña de Francisco I. Madero, en la Revolución Mexicana que durante décadas fue el freno al apetito reeleccionista del caudillaje hambriento de poder. En las elecciones del 1 de julio, en varios municipios de Chiapas, como Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ixhuatán y sobre todo  Ocozocoautla, se dejaron ver los resultados de esta reforma que se dio dentro de un sistema político corrupto, lleno de nepotismo, abuso de autoridad y adulterado con el crimen organizado.

Desde el inicio de las campañas se vislumbró un escenario de violencia y sangre que tañerían las elecciones del 1 de julio, pues el descontento de la población era obvio y las artimañas de los candidatos reelectos las gritaban a todas luces, pues sus estrategias de campaña  se resumieron en la compra de voto y amenazas con uso de armas de fuego.

Por ejemplo, el presidente municipal con licencia de Pueblo Nuevo Solistahuacán,  José Luis Flores Gómez, quien participó en el proceso electoral del pasado primero de julio, su estrategia de campaña se basó en la comprar los votos de tres comunidades que rebasan los mil sufragios. Desde el inicio de su campaña, Flores Gómez  advirtió que en las comunidades de Chapayal,  Palo Blanco y Buena Vista no dejaría entrar a ningún partido político, ni autoridades electorales que arruinara el relleno de urnas para el día de las alecciones. Así lo cumplió, el 1 de julio el IEPC se quedó rebasado, los comisariados ejidales que vendieron su voto al candidato reelecto por el PRD no dejaron  entrar a ningún representante de casilla, los amenazaron y los corrieron con armas de fuego. En este momento, los habitantes del pueblo esperan que las autoridades electorales hagan su trabajo y desconozcan el triunfo de José Luis Flores Gómez porque se dio en un ambiente lleno de irregularidades que fueron registradas y avaladas por las autoridades del Ministerio Público del municipio.

En Ocozocoautla el panorama fue más lamentable, el proceso electoral concluyó con un enfrentamiento armado donde resultaron dos personas asesinadas. Pues un grupo de personas armadas atacó al presidente municipal con licencia, Francisco Javier Chambé Morales, quien participó en el proceso electoral del pasado primero de julio y que ganó la reelección por el Partido Movimiento Ciudadano. Chambé Morales ha sido presidente municipal dos veces en Ocozocoautla, el trienio intermedio de sus dos administraciones estuvo a cargo de sus familiares, por lo que la población dice que “ya no quiere dejar el trono”, pues con esta reelección serían 12 años en el poder.   

Es difícil admirarse de los hechos ocurridos en dicho municipio, pues la estrategia de este sujeto fue la misma que la del presidente de Pueblo Nuevo Solistahuacán. La compra de votos y la intimidación fueron sus habilidades de campaña. Por eso, un grupo de personas llegó a la casa de Chambé Morales y abrió fuego, con una balacera que tardó más de  25 minutos, según los habitantes.  

Toda la “estructura política” de dichos personajes estaban a su favor, pues aunque tenían licencia nunca dejaron de gobernar,  de utilizar la plataforma y los recursos municipales para conseguir el triunfo, tanto la policía municipal como los grupos armados estaban a sus favor, de esta manera lograron atemorizar y convencer al grueso de la población a comprar votos  a favor de ellos.  

 El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), quien es el que da luz verde a las reelecciones, no previó dichos resultados,  pues fue incapaz de analizar el contexto donde se darían las reelecciones, a la vez estos hechos se suman a las pruebas de la ineficiencia de las autoridades electorales que se prestan a la corrupción y al crimen organizado.  México y en particular Chiapas no tienen la capacidad de hacer frente, de manera civilizada, a la reforma constitucional del 2014, sobre todo en tiempos en que los políticos pecan del descrédito ante la aguda crítica de los ciudadanos y el crimen organizado ha rebasado la figura del Estado.

 

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