Ante el silencio y la omisión de las autoridades, un total de 25 concesiones mineras mantienen afectaciones permanentes a la Reserva de la Biosfera EL Triunfo y a miles de comunidades y/o zonas pobladas que se abastecen de los ríos que emanan de esta importante área natural, supuestamente protegida por las regulaciones ambientales en México.

De acuerdo a la investigación hecha por “Impunidad Cero”, la industria minera en México es uno de los sectores con mayor opacidad, corrupción e impunidad, pues se distingue por el poco interés del gobierno y las empresas concesionarias para apoyar a las comunidades que habitan las regiones explotadas, evitando las consultas y llegando a acuerdos engañosos con las personas que habitan las zonas de influencia.

La investigación también señala la falta transparencia en los mecanismos para el otorgamiento de concesiones, la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y su cumplimiento. Además, las dependencias encargadas de supervisar su operación no ofrecen información sobre el impacto económico, social o ambiental de los megaproyectos.

Y no es para menos. A partir de 2015 el conflicto socioecológico estalló tras la detección de peligrosos contaminantes en los ríos Cintalapa y Cacaluta del municipio de Acacoyagua. Los habitantes comenzaron a denunciar la aparición de peces muertos y reacciones alérgicas cutáneas en quienes se habían sumergido dentro de los afluentes. Fueron dos ejemplos documentados de los tantos casos que referían las consecuencias de daño ambiental hecho por las mineras.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, desde septiembre de 2016 las y los integrantes del frente ciudadano opositor han recurrido al bloqueo (con piedras y palos) de la carretera para evitar el paso de los trabajadores de la mina Casas Viejas, El Bambú y Mina Cristina. Los pobladores buscaron a las autoridades municipales para llegar a acuerdos, pero nunca los han tomado en serio o respaldado. 

Las empresas o personas interesadas en explorar o explotar una zona minera están obligados a realizar, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que debe incluir, entre otros lineamientos, los terrenos a usar, las afectaciones a la flora y fauna del lugar, el manejo de residuos, el proceso de cierre de la mina y cómo se hará el saneamiento de la zona. Sin embargo, eso es sólo letra muerta.

De acuerdo con el Panorama Minero de Chiapas, elaborado por la Dirección General de Minas que depende de la Secretaría de Economía, en el estado hay 111 concesiones mineras (al 31 de enero de 2016), lo que equivale a prácticamente el 16 por ciento del territorio. El documento reporta que en Acacoyagua hay dos empresas “semiactivas” que explotan titanio: Industrias Unidas de Cobalto y Obras y proyectos Mazapa S.A de C.V.

No obstante, la información proporcionada en la página web del Sistema de Administración Minera (SIAM) es diferente a la contenida en el Panorama Minero de Chiapas, a pesar de que ambos dependen de la Secretaría de Economía. El SIAM, al responder la solicitud de información 000100009391635, dio a conocer que la Dirección General de Regulación Minera a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, que en Chiapas había 90 concesiones mineras. Una diferencia de 21 concesiones, a menos que de diciembre a enero se hayan otorgado y aún no se ha hecho público.

De los municipios que conforman el Área Natural Protegida, el de Escuintla es el que cuenta con más concesiones. Son seis en total y fueron otorgadas entre 2011 y 2013. Le sigue el municipio de Ángel Albino de Corzo con cinco concesiones. Siltepec y Mapastepec con cuatro. Pijijiapan, La Concordia y Acacoyagua con dos cada una.

La discrecionalidad con la que operan estas empresas y la omisión cómplice de las autoridades ambientales tienen hoy a áreas naturales protegidas como El Triunfo y los municipios que se surten de sus afluentes en complicados problemas de salud y seguridad. Urge a todas luces el esclarecimiento de la información sobre la situación operativa vigente, pero sobre todo una profunda regulación a tal situación, que ofrece muchísima información analizar y denunciar… así las cosas.

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