La excusa dada por el presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para justificar la eliminación silenciosa del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales el pasado 27 de abril terminó por abrir más preguntas que respuestas en torno a un procedimiento que debió haber sido informado, discutido y socializado con anticipación para evitar tanta sospecha lógica que ahora pesa sobre el legislativo estatal.

Y antes de enumerar las contradicciones expuestas en el desafortunado “comunicado aclaratorio” de Ramírez Aguilar vale la pena precisar que en ningún momento la información vertida por los diferentes medios de comunicación, como la agencia multimedios El Estado y otros tantos de circulación estatal, ha sido anónima. Cada nota, reportaje y análisis sobre el caso ha tenido la fuente perfectamente identificable.

No, no se ha tratado de rumores, trascendidos o deducciones al aire. Se trata de hechos concretos, cuyas pruebas oficiales han sido expuestas a la par de la información difundida. Por eso resulta por demás lamentable la forma en que se trató de abordar un hecho irrefutable, tratando de desacreditar a las fuentes de información con argumentos tan cobardes como intentar adjudicarles intenciones ocultas. No señor, no se equivoque, también existe el periodismo de vocación.

Aplastado por el inevitable encono social, el también presidente del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas no tuvo otra opción que salir a medios a intentar excusarse. Justo cuando las circunstancias de la tragedia y el escándalo mediático estaban sobre sus hombros. Un procedimiento de responsabilidad que debió haber realizado desde hace más de cuatro meses cuando que se ejecutó la eliminación del fideicomiso. Ese mismo tiempo en que decidió guardar un silencio conveniente.

Ahora sale a argumentar que la “extinción jurídica” del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FEADEN) fue necesaria “porque no cumplía con los lineamientos nacionales, pudiendo resultar inoperante en caso de una emergencia”. Caso curioso que contrasta con el argumento jurídico que su misma legislatura plasmó en el decreto de extinción 164, consultable en el Periódico Oficial del Estado número 292, Segunda Sección, con fecha miércoles 26 de abril de 2017.

Para eliminar la figura jurídica el Congreso de Chiapas aseguró que FEADEN finalmente si había “cumplido con los fines para los cuales fue creado, contribuyendo a la atención de la reconstrucción de la infraestructura pública dañada por la ocurrencia de treinta desastres de origen natural que afectaron a la población de 108 municipios de la Entidad, logrando con ello la consecución de su objeto, por lo que resulta procedente su extinción”.

Entonces, ¿cuál fue el verdadero argumento para la extinción del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales? ¿Cumplía o no con sus fines? ¿Era o no inoperante? Por qué tanta contradicción de argumentos entre el decreto y la justificación reciente. Si el FEADEN cumplía los fines para los cuales fue creado ¿por qué eliminarlo y no sólo reformar su contenido?  Ahora resulta que casi 20 años después (desde 1998) la actual legislatura había descubierto que el fideicomiso no cumplía con los lineamientos nacionales.

La respuesta es sencilla: se requería de la extinción jurídica definitiva para reasignar, a rubros no precisados, los 80 millones 468 mil 878 pesos autorizados y etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017. El propio decreto de extinción no aclara con exactitud el destino de los millonarios recursos. Sólo detalla que se incorporan al erario estatal para fines no especificados. Más de 80 millones de los cuales nadie ha detallado su destino, justo a un año de la justa electoral en la que, por cierto, Eduardo Ramírez también es aspirante.      

Dentro de las justificaciones el presidente del Congreso se sacó de la manga la creación de un nuevo Fondo para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres apenas el 4 de junio pasado. Lo que no dijo el legislador es que, de acuerdo al propio “decreto administrativo” de creación, para que ese fondo opere requiere la instalación de un Comité Técnico que hasta la fecha no existen registros públicos de haberse conformado, por lo que su existencia sólo es de papel.

No dijo tampoco que los recursos para dicho fondo aún no son efectivos. Que no tienen nada que ver con los 80 millones de pesos reasignados a rubros desconocidos y que, por lo tanto, se necesita esperar a la elaboración del presupuesto de egresos del próximo año para su plena ejecución. Por eso su excusa fue tan escueta y (esa si) verdaderamente superficial.

A Eduardo Ramírez Aguilar le falto responsabilidad para admitir que se había cometido un error garrafal, que sí había dejado sin el Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales a los cientos de víctimas de tragedias como las hoy vive la entidad y que, finalmente, el destino le había jugado la peor trastada de su vida al enfrentarlo al mayor desastre sísmico de Chiapas, justo cuatro meses después de una decisión tan riesgosa como esa… así las cosas. 

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