El creciente reclamo ciudadano en busca de redireccionar el millonario gasto destinado por el Gobierno Federal, mediante el Instituto Nacional Electoral (INE), para las campañas electorales de 2018 a favor de la reconstrucción en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México y Puebla ha comenzado a tener repercusiones en la clase política que -de inicio- calificó la iniciativa como “populista” y ahora parece abrazarla en busca de empatía popular.

La solicitud oficializada a través de plataforma change.org ha pedido al INE donar los siete mil millones de pesos asignados al pago de campañas políticas para la siguiente contienda electoral federal. Y es que, no se trata de un monto insignificante. Lo asignado para las campañas en 2018 representan, incluso, más de los previsto por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para el próximo año.

Según declaraciones del propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para la reconstrucción de Chiapas, Oaxaca y, ahora, Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México se tiene disponible este año, mediante el Fonden, un fideicomiso de nueve mil millones de pesos; además de un seguro de “Bono Catastrófico” por 150 millones de dólares (alrededor de tres mil millones de pesos). Monto que seguramente se sumará a los seis mil millones de pesos autorizados para el Fonden de 2018.

A decir de las autoridades federales se trata de un fondo global (de casi 18 mil millones de pesos) “suficientes para la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre”. Un argumento que podría resultar convincente, pero francamente insuficiente para millones de ciudadanos enojados con la clase política y un sistema caracterizado por el despilfarro de recursos públicos.

Si bien hay que reconocer que podrían ser suficientes los fondos existentes para la reconstrucción, la sola idea de que el próximo año se gasten más de siete mil millones de pesos en campañas innecesarias, ante una tragedia de semejantes magnitudes, resulta una verdadera grosería para más de más 100 mil familias damnificadas en todos los estados afectados. Muchos de ellos, incluso, con pérdidas totales de hogares y pertenencias.

Por eso las explicaciones técnicas del INE sobre la imposibilidad legal para reasignar recursos sólo han generado más resistencia e indignación social. El argumento de que ya no hay tiempo para para reformar la operación de recursos y el proceso de campañas, y que modificar el destino de los recursos implicaría un delito de desvío de recursos, no han resultado suficientes justificaciones para hacer a un lado dicha iniciativa ciudadana.

Por eso a las diferentes fuerzas políticas no les ha quedado de otra que retractarse y pronunciarse a favor de una medida de ese tipo. Quienes antes tacharon a Andrés Manuel López Obrador de “oportunista y populista” por ser el primero en anunciar su intención de donar parte de ese dinero destinado a Morena ahora salen ante los medios de comunicación para dar a conocer sus gestiones ante el INE y la Secretaría de Hacienda a fin de reasignar parte de los recursos electorales.

El reclamo popular que parece tomar fuerza con el paso de los días y la magnitud de la tragedia tiene que ver con el hartazgo social en torno al sistema político mexicano, ese mismo encono que expulsó de la zona de desastre en la Ciudad de México a Miguel Ángel Osorio Chong y ha mantenido a distancia a Enrique Peña Nieto. La gente quiere que el dinero destinado a las campañas de los desacreditados partidos políticos se quede con quienes hoy más lo necesitan y en un reclamo que deberá tomarse en serio… así las cosas.

Volver