El tema del manejo de recursos públicos para la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales ha dejado ya muy malas experiencias en la historia de Chiapas. Amargos episodios donde la mezquindad, avaricia y simulación gubernamental se han aprovechado de la tragedia para engordarse los bolsillos y sacar tajada política de los millonario fondos que caen como dinero extraordinario a las arcas estatales y municipales.

Por eso, ahora, que con la llegada de Enrique Peña Nieto a Chiapas este fin de semana comienza a hablarse formalmente del proceso de reconstrucción en la entidad chiapaneca las dudas, desconfianza y recelo también se hacen presentes. Y es que, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca se tiene contemplada una bolsa de alrededor de 10 mil millones de pesos.

Es un fondo de reconstrucción nunca antes visto en la entidad chiapaneca para este tipo de contingencias. Y no es para menos. Según el último informe de daños, a la fecha se reportan afectaciones en mil 588 localidades de 97 municipios de Chiapas, y 53 mil familias damnificadas, que representan más de 225 mil personas. Se trata de la tragedia más grande que haya afectado a Chiapas, al menos en los últimos 20 años.

Sin embargo, la poca claridad en la asignación de recursos que serán implementados abre espacio a las dudas y las especulaciones. Hasta el momento no se ha dicho oficialmente cuál será el monto exacto destinado a Chiapas para los trabajos de reconstrucción. Por lo tanto, tampoco se tiene certeza sobre cuál es el presupuesto a fiscalizar o vigilar minuciosamente para evitar cualquier desvío.

 El Gobierno Federal ha detallado que será el gobierno de Manuel Velasco Coello el conducto por el que la Federación realizará la canalización y organización del fondo para la reconstrucción. El procedimiento se llevará a cabo mediante la participación Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (Bansefi) y los gobiernos municipales para la creación del fondo que finalmente será distribuido a los afectados a través de monederos electrónicos para la compra de materiales de construcción y el pago de mano de obra.

La idea de que sean los propios afectados quienes administren el dinero para la reconstrucción de sus hogares y determinen el proceso de edificación no suena tan mal. El objetivo parece apuntar a evitar que buena parte del dinero termine en manos de grandes empresas constructoras que, como ya ha sucedido en otros casos, terminan sobre elevando los precios y entregando viviendas de características ínfimas, con calidades cuestionables.

Por eso la transparencia en el manejo de recursos resulta tan indispensable en casos como este. No basta con la formación o creación de comisiones legislativas de vigilancia y seguimiento. Dejar la vigilancia a cargo de la misma clase política que administrará los recursos es dejar todo en las mismas manos, mucho menos cuando se trata de un poder legislativo bajo absoluto control del gobierno estatal.

Se requiere aquí de un órgano de vigilancia completamente autónomo y sin ningún vínculo con algunos de los tres poderes estatales. Una comisión ciudadana integrada por organizaciones civiles de verdadero prestigio, de figuras legitimadas, representantes de la iniciativa privada, organismos de especialistas y gremios de profesionales. Una comisión de vigilancia real, facultada para exigir cuentas a los entes gubernamentales administradores de los recursos públicos. De otra forma no serviría de nada.

Las viejas experiencias sobre la malversación de fondos y condicionamientos políticos en la entrega de apoyos para las reconstrucciones por desastres naturales son argumentos suficientes para no permitir que la historia se vuelva a repetir. Se requiere participación ciudadana activa y comprometida para cuidar el dinero de quienes hoy más lo necesitan. Se requiere vigilancia ciudadana organizada y se requiere con urgencia ya… así las cosas.

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