Alarmante es lo que sucede actualmente en los municipios de Chenalhó y Chachihuitán donde el terror provocado por grupos armados ha desencadenado el desplazamiento forzado de más de cinco mil personas que han preferido abandonar sus hogares ante un conflicto de trasfondo político-electoral que ha tratado de ser disfrazado como un añejo problema de límites territoriales.

De acuerdo a declaraciones hechas por los representantes de los afectados, en entrevista para la periodista Idalia Díaz, el detonador de lo que ahora sucede en esa parte de la entidad chiapaneca tiene su origen real en la reciente disputa entre viejos grupos armados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y nuevas agrupaciones violentas Partido Verde Ecologista de México, bajo las ordenes de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez.

La asunción al poder de Rosa Pérez, auspiciada por el partido gobernante en Chiapas, desencadenó un fuerte conflicto que hasta la fecha no ha logrado ser resuelto. Tras fuertes acusaciones y manifestaciones en su contra, Pérez Pérez ganó las elecciones el 19 de septiembre de 2015, convirtiéndose en la primera presidenta de ese importante municipio indígena.

Con el paso de los meses las muestras de inconformidad contra su gobierno de acrecentaron, sobre todo por parte de viejos grupos de militancia priista que vieron en Rosa una amenaza de desarticulación. Rosa había iniciado junto a su administración un proceso para el fortalecimiento de las bases operativas del Partido Verde en el municipio, confortando de manera directa a añejas y violentas agrupaciones históricamente priistas.

Ese fue principal de los detonantes. Rosa entró a un peligroso juego de poder donde la violencia generalizada sería la única ganadora. Por eso la serie de enfrentamientos y hechos violentos que antecedieron el famoso episodio de San Cristóbal de la Casas, en el que fueron “secuestrado” los diputados Carlos Penagos Vargas y Eduardo Ramírez Aguilar, este últimos también presidente del PVEM en Chiapas.

A eso se debió la ridiculización y extorsión pública de Ramírez Aguilar, quien finalmente había sido el principal respaldo político de Rosa Pérez para empoderar al Verde en Chenalhó y reducir a las estructuras priistas. Por eso la renuncia forzada de Pérez Pérez presentada el 16 de mayo de 2016  como condición para liberar a los legisladores verdes. Pero los acuerdos finalmente no fueron cumplidos a cabalidad.

Con la restitución de Rosa, mediante la resolución pactada mediante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en agosto de ese mismo año), la revancha llegó también. La alcaldesa restituida retornó, junto a todo el respaldo del gobierno Verde, para asumir el control y cobrar venganza. Para ello se encargó de conformar y armar a grupos de choche (armados) a fin de hacer frente a sus opositores.

Lo enfrentamientos y jaloneos violentos entre ambos grupos armados se agudizaron con el paso de los meses hasta el pasado mes de noviembre cuando la estrategia cambio. Comenzó la ola de terror contra los pobladores para amedrentarlos y generar presión a las autoridades estatales. Balaceras nocturnas y amenazas constantes provocaron un terror que desplazó a miles.

Ese es el origen real de lo que hoy tienen a cientos de familias en la incertidumbre. El conflicto agrario generado hace casi cuarenta años sólo ha sido sólo un oportuno pretexto para disfrazar el conflicto y ocultar las responsabilidades gubernamentales o partidistas. Por eso los pobladores advierten que de nada servirá la resolución del Tribunal Agrario para resolver el conflicto limítrofe el próximo 15 de diciembre.

El asunto debe asumirse como tal, sin máscaras o excusas. Se trata de un problema que hoy afecta a miles y debe enfrentarse con responsabilidad. El conflicto es de origen político y sólo de manera política e inteligente podrá resolverse… así cosas.

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