Los curules de diputados y senadores, las sillas de gobiernos estatales y municipales se llenarán de delincuentes y secuestradores calificados si llegan a ganar en la contienda electoral del 2018. A nivel nacional,  el Ministerio del Interior informó desde inicios de este año que habían detectado 103 aspirantes al Congreso de la República con antecedentes penales. En Chiapas aunque las instituciones competentes no dieron informe, por lo menos 2 candidatos han sido denunciados por la misma población y las autoridades electorales han hecho caso omiso.

 

A penas el mes pasado, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunciaron la organización criminal denominada “Los Diablos”, que opera en Simojovel y  pueblo aledaños, de amenazar a la población para que vote por gente que ha tenido antecedentes penales, como Ramiro Gómez, candidato a alcalde de ese municipio tzotzil por parte del partido político “Chiapas Unido”, quien tiene problemas con la ley y no han hecho nada para controlar sus amenazas.

Ramiro Gómez es parte de “el cacicazgo Gómez”, que según el padre Marcelo Pérez de Simojovel, denunció  hace ya varios meses porque son líderes de organizaciones criminales, encabezados por Juan Gómez Gómez (exalcalde del municipio y detenido por Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por posesión de droga y de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas) y sus hijos Ramiro Gómez Domínguez y Juan Gómez Domínguez, todos militantes del PRI.

 Hoy los miembros de Las Abejas y también los chiapanecos nos preguntamos: ¿cómo es posible que los gobiernos permitan personas que tienen antecedentes penales y encabecen al crimen organizado sean candidatos a la presidencia municipal?, ¿cuál es el futuro de un pueblo gobernado por alguien que encabece el crimen organizado?

Sin embargo, los candidatos con antecedentes penales siguen en la contienda electoral como si nada hubiese pasado y las autoridades tanto electorales como judiciales se hacen de los desentendidos. Uno de los más peligrosos y que también forma parte de  la banda de “Los Diablos” es Enoc Díaz Pérez, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, hoy candidato a presidente municipal del mismo lugar por el Partido Mover a Chiapas.

Este personaje fue desaforado por el Congreso local y detenido el 14 de enero del 2015 y el juez tercero del ramo penal dictó auto de formal prisión en contra del entonces alcalde perredista por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso de autoridad, robo agravado y asociación delictuosa. Hoy anda por todas la comunidades del municipio comprando  votos y amedrentando a la población que se niega a votar por él.

Matilde Espinosa Toledo, conocida como “La Loba”, es la otra candidata por la coalición Todos por Chiapas, quien ahora pretende ser diputada local a pesar de contar con un proceso penal por delitos federales y electorales, pues durante 2017 la alcaldesa con licencia de Suchiate fue detenida por la PGR, tras entregar mil 535 actas de nacimiento y credenciales de elector a personas centroamericanas a fin de que participaran en las elecciones locales que se dieron en 2015. Sólo estuvo detenida unas horas.

Estos casos solamente son ejemplos de que las instituciones encargadas de dar justicia se encuentran sumidas en la impunidad y en complicidad con el crimen organizado, tal como los dicen los miembros de la organización Las Abejas “el gobierno de México es un mal gobierno, un narco-gobierno y gobierno criminal”, así lo manifestaron abiertamente en un comunicado de prensa, el pasado 23 de mayo.

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