A un año de la tragedia provocada por los terremotos de septiembre de 2017 las demoras e irregularidades en la entrega de recursos para la reconstrucción apuntan a convertirse en un herencia que transitará más allá del actual sexenio. Lo que se supondría debía ser una aniversario de resultados contundentes a favor de los damnificados terminó convirtiéndose en un episodio de pendientes, protestas y serias acusaciones.

Actualmente la realidad de cientos de familias damnificadas en Chiapas dista mucho de los discursos y cifras oficiales que parecen distantes a los escenarios desoladores que aún prevalecen dentro de las zonas devastadas aquel 7 de septiembre. Miles todavía viven en las calles, viviendas improvisadas, casas de familiares o vecinos e, incluso, bajo el riesgo estructural de sus hogares agrietados.

El letargo de las autoridades federales y estatales para hacer llegar los recursos económicos asignados para la reconstrucción ha sido excesivo y plagado de irregularidades sospechosas. Desde noviembre del año pasado se denunció la detección de tarjetas clonadas para la reconstrucción. El propio Bansefi denunció oficialmente más de 60 casos sobre tarjetas que fueron saqueadas antes de ser entregadas.

Sin embrago, las denuncias sobre familias que fueron censadas y empadronadas, pero nunca recibieron las tarjetas o se las entregaron pero los recursos no han llegado (a más de un año de lo sucedido) rebasan por mucho las cifras oficiales. Las protestas en la Frailesca y Costa de Chiapas se han convertido en una constante ante la desesperación de quienes siguen a la espera que el apoyo prometido finalmente llegue.

De acuerdo a las más recientes declaraciones hechas por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Chiapas, José Alfredo Araujo Esquinca, hasta el mes de julio el gobierno de Manuel Velasco Coello no había cumplido con la parte del recurso que le corresponde para el fondo de la reconstrucción. 

Se trata de 620 millones de pesos que hace sólo mes y medio simplemente no habían sido entregados por las autoridades estatales. Y es que según lo establecido por el acuerdo hecho desde el año pasado, del monto total (dos mil 400 millones de pesos) para la reconstrucción, a la Federación le correspondía el 75 por ciento y al gobierno del estado el 25 por ciento restante.

Hoy la situación no es muy distinta. De acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente sólo una de cada cuatro viviendas en proceso de reconstrucción ha sido concluida; el resto presenta un avance del 50 por ciento o menos. No han sido suficientes los nueve meses transcurridos después de que comenzaran a fluir los recursos para poder concluir la edificación de las viviendas.

Son más de siete mil millones de pesos que han sido desembolsados desde diferentes fondos nacionales y que simplemente parecen ser insuficientes para poder haber concluido ya el proceso de reconstrucción. Poca transparencia y claridad ha habido en la aplicación de recursos tan urgentes. Sólo ha habido silencio y cifras contrastantes con la realidad que se vive en las zonas de devastación.

Se trata sin duda de un pendiente de gravedad que no apunta a tener solución definitiva para lo que resta de la actual administración y que seguramente quedará en manos de gobierno entrante. Se trata de una tragedia fresca que también exige explicaciones e investigaciones a fondo para saber el destino preciso década peso dedicado al rescate de miles de damnificados para quienes la reconstrucción sigue siendo una simple promesa de oportunismo político… así las cosas

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