La denuncia hecha este martes por el defensor de Derechos Humanos y coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis Villagrán, ha puesto nuevamente de manifiesto una práctica normalizada dentro de los centros de detención del instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas: la venta ilegal de salvoconductos y la extorsión o maltratos a los migrantes que no cuentan con el dinero para pagar por ellos.

De acuerdo a las declaraciones de Villagrán, la venta de permisos temporales o salvoconductos para transitar por México es una práctica que se ha fortalecido con el paso del tiempo en la frontera sur, mediante una red de corrupción que ha involucrado a diversas autoridades de los centros migratorios.

Para que usted comprenda mejor el tema, los “salvoconductos” son documentos oficiales que mediante diversas consideraciones permiten a los migrantes ilegales no ser deportados de manera inmediata, otorgándoles un plazo especial de de entre cinco y 20 días para desplazarse legalmente por México y luego abandonarlo.

El salvoconducto es un documento gratuito que requiere de diversos trámites oficiales para ser otorgado. Sin embargo el asunto se ha vuelto prácticamente un menester netamente comercial. Los turnos para ser atendido a las afueras de estaciones migratorias como la “Siglo XXI” se venden hasta en 150 pesos, y los pases de salida alcanzan los 500 dólares.

No es fortuita la constante aglomeración de extranjeros en los accesos de los centros migratorios chiapanecos. Se trata de un promedio de hasta 200 migrantes (la mayoría africanos, asiáticos y cubanos) quienes diariamente se amontonan a las afueras de las estaciones para tratar de conseguir uno de los -ahora tan demandados- permisos oficiales para transitar por México y llegar sin problema alguno a los Estados Unidos.

El nuevo modelo de corrupción ha tenido como efecto un incremento en migración cubana que desde 2015 provocó una arribo masivo a la frontera entre Chiapas y Guatemala. Los rumores sobre el nuevo “negocio comercial fronterizo” y sus facilidades han incentivado la llegada de más migrantes preparados con el dinero necesario para pagar su tránsito “legal” por México.

Sin embargo, la cadena de corrupción e ilegalidad también ha arrastrado consecuencias negativas para los migrantes “menos afortunados”. A decir de los defensores de Derechos Humanos en la frontera sur, la nueva práctica de comercializar con las salvoconductos también ha endurecido las prácticas de extorsión y maltrato de los agentes contra quienes migran sin recursos para pagar por su inmunidad.

Olvidando por completo el objetivo real de los salvoconductos, los permisos migratorios temporales se han convertido en un tema exclusivamente comercial, relegando por completo de obtener dicho beneficio a cientos de migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que ahora sufren una doble discriminación por su condición migratoria y económica.

Aunque el asunto había sido ventilado y reconocido desde 2016 por el propio Instituto Nacional de Migración es evidente que poco se ha hecho para erradicar esta práctica. La corrupción es un mal enraizado en el sistema gubernamental mexicano y el tema migratorio nunca ha sido ajeno, dejando de manifiesto una vergonzosa realidad muy lejana a las promesas de una frontera ejemplar y la exigencia de un trato digno para los mexicanos en la frontera estadounidense… así las cosas. 

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