Las claras intenciones de desvirtuar el feminicidio de Viridians Flores Ramírez para justificar la resolución de la jueza Isabel Álvarez Ramos, convertir el caso en una simple desaparición y hasta victimizar al presunto homicida han incrementado el nivel de indignación entre la ciudadanía chiapaneca ante uno de los feminicidios más escandalosos y manoseados por intereses poderosos de los últimos seis años.

Las nuevas declaraciones de la madre del presunto feminicida, Fernando Omar Rosales Toledano, y el despliegue mediático utilizado para difundir los argumentos usados por la defensa para justificar la sentencia de libertad han inyectado nuevo combustible al controversial caso plagado de irregularidades encaminadas a dejar impune al homicida, cueste lo que cueste.

No es la primeras vez que las faltas al Debido Proceso y los errores del ministerio público se han convertido en argumentos coyunturales para desacreditar pruebas y dejar libres a evidentes asesinos. En México sobran los casos de ese tipo, donde la destreza de los abogados defensores y las deficiencias ministeriales terminan revocando confesiones iniciales y pruebas contundentes que vinculan de manera directa al inculpado con el asesinato.

Nada que las influencias y el costoso trabajo de habilidosos abogados defensores no puedan arreglar. Ahí están casos recientes como el de Itzel Durán, cuyo asesino quedó finalmente libre el pasado mes de enero debido a errores en el procesamiento de pruebas y las argucias legales para desacreditarlas. No importó que se hayan encontrado las huellas del homicida en el arma y sangre de Itzel en su ropa para sentenciarlo culpable.

Bastaron errores en el levantamiento de las pruebas para desecharlas, dejar sin evidencias el caso y finalmente facilitar la liberación del homicida. Algo muy similar a lo sucedido en el caso de Viridians, y otros tantos feminicidios. Y es que se debe reconocer también, como defensor de Derechos Humanos, que la aplicación de la ley o la “realidad legal” no siempre van de la mano o garantizan la justicia real.

Ahora resulta que, aunque los padres de la joven aseguran haber identificado plenamente el cuerpo de su hija, la sentencia absolutoria determinó que el cuerpo incluso podría no ser de Viridians. Los “peritos” dictaminaron que no se detectaron cicatrices o secuelas de cirugías que “debía tener” y, por lo tanto, el cuerpo podría corresponder a otra persona que (afortunadamente para el asesino) ya sería difícil de identificar.

Lo que la madre del feminicida y sus defensores han decidido dejar de mencionar es que fue el propio amigo de Fernando Rosales, Rudy, quien confesó lo sucedido. Quien, tras casi una semana de búsqueda desesperada por parte de familiares, ciudadanía y autoridades judiciales, terminó confesando que había ayudado a Omar a desaparecer el cuerpo de Viridians, arrojándolo al precipicio del Puente San Cristóbal, justo donde finalmente fue encontrado el cadáver.

Han decidido omitir que, tras la muerte de Viridians, Rosales Toledano también desapareció repentinamente de la ciudad para refugiarse en Tapachula, donde justamente reside su madre. Ahí fue localizado, escondido en el Hotel Costa Azul, psicológicamente alterado, con el cuello cortado (en un intento de suicidio) y junto una carta donde presuntamente confesaba y se arrepentía de lo hecho a Viridians.   

Para mala suerte de Fernando Rosales el intento de suicidio a fin de evitar enfrentar a las autoridades no funcionó. Fue enviado al Hospital Vida Mejor donde se atendieron sus heridas y la crisis nerviosa que presentaba. Justo ahí estuvo uno de los errores que ahora sirve de excusa para tenerlo en libertad. Los calmantes (benzodiacepinas) administrados a Omar para atender su dolor físico y la crisis nerviosa han sido el argumento sus defensores para invalidar todas sus confesiones. En el caso de la confesión escrita se argumentó que no tenía validez si carecía de firma; imagínese usted.

Entonces, ¿si el cuerpo encontrado debajo del Puente San Cristóbal no es de Viridians, cómo sabía el cómplice (mejor amigo) de Omar que había un cadáver ahí? ¿Si los padres aseguran haber reconocido plenamente el cuerpo de su hija, por qué se intenta argumentar ahora que el cuerpo podría se de otra persona por falta de cicatrices (cinco años después) cuando ya sería imposible verificarlo debido a que fue incinerada?

Resulta evidente que existe un plan legalmente consumado en la sentencia de la jueza Isabel Ramos para cambiar el sentido del caso; sacar el expediente de la lista de feminicidios, colocar a Viridians en estatus de desaparecida y exculpar a Fernando Rosales Toledano de un feminicidio que ahora ni siquiera pudiera confirmarse que sucedió. Finalmente el cuerpo (ya incinerado) sería difícil de identificar, dejándolo en un conveniente anonimato y a Viridians en una eterna búsqueda sin sentido.

Las primeras investigaciones de la FGE parecen confirmar las sospechas sobre irregularidades en la sentencia que dio libertad a Omar. Y es que, aunque la idea resulta francamente ruin, legalmente es viable y posible. Para la defensa del asesino no hay escrúpulos que consideren el dolor de una familia a la que ahora también se les quiere arrebatar la dignidad y la verdad histórica de haber encontrado, identificado y enterrado a su hija… así las cosas. 

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