Con un sin número de deudas como la de más  20 mil millones de pesos, de la deuda pública según la Secretaria de Hacienda; un monto de  685 millones de pesos en irregularidades que no aclaró ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los salarios negados a cientos de maestros,  miles de desplazados, un sistema de salud en grave crisis e innumerables problemas sociales que dejó el gobierno de Manuel Velasco Coello, no le bastan a la LXVII Legislatura actual para ejecutar un juicio político contra dicho personaje, debido al nutrido  "amor romántico" pactado desde tiempos electorales. 

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio político es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o  abuso o acceso de poder. El ex gobernador, Manuel Velasco Coello, no sólo excedió en abusos de poder, dejó a Chiapas en una crisis económica y social que no alcanzan los artículos constitucionales para ser merecedor de un juicio político.

Justamente, el Poder Legislativo tiene la importante función del control político. Ello porque en la evolución histórica de las civilizaciones políticas, las asambleas legislativas nacieron y se forjaron controlando el poder que poseía el jefe de la comunidad política. Pero en México y en concreto en Chiapas, el papel del Poder Legislativo  ha servido para proteger y ser parte de la corrupción de cientos de funcionarios públicos que han abusado excesivamente del poder que le ha concedido el pueblo y han salido ilesos por el ineficiente papel que han jugado los parlamentarios, como es el caso de Manuel Velasco.

Tal parece que tanto la LXVI Legislatura pasada como la actual no moverán ni un dedo para que por lo menos Manuel Velasco se le juzgue y se inhabilite de sus funciones como Senador de la República. Es abominable el proceder de la pasada legislativa, la cual fue integrada por el 60 por ciento de mujeres, quienes se atrevieron a modificar el artículo 116,  que dictamina que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.  

 

Manuel Velasco con todo el abuso de poder fue Senador y Gobernador Interino de Chiapas y no hubo poder constitucional ni humano que lo reprendiera. No obstante, el Congreso actual no debería pasar por alto las deudas que Manuel Velasco dejó con los trabajadores de diferentes sectores tanto públicos como privados, los más  685 millones de pesos en irregularidades  que no aclaró ante ASF y los cientos de desplazados originados por grupos armados costeados por su propia administración y la ola de violencia que actualmente se ha agudizado.

Es el momento que el grupo parlamentario haga sus funciones y comprenda que su figura se apoya en un principio plenamente aceptado: “los servidores públicos son personas que ejercen o desempeñan cargos, comisiones o empleos en las instancias gubernamentales y, por lo mismo, están sujetos a deberes que los constriñen a la necesidad de responder por sus conductas”. Y es precisamente la responsabilidad constitucional que el Congreso tiene: exigir justicia mediante el juicio político a funcionarios corruptos como Manuel Velasco.

La separación de los poderes: Ejecutivo,  Legislativo y  Judicial  se constituyó esencialmente para equilibrar dichos poderes; donde el legislativo juega un papel importantísimo al ser la figura reguladora, por eso es ahí donde se ha  instituido, mantenido y utilizado el juicio político como medio para evitar la impunidad y garantizar el correcto funcionamiento del Estado. Todos los medios de control están orientados en un solo sentido y responden a un único fin: fiscalizar, censurar, reprochar, inquirir, indagar la actividad del poder para evitar abusos.

La  LXVII Legislatura actual sabe y debe ejercer el juicio político contra Manuel Velasco porque según los artículos constitucionales  sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

Dice además que si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años. Manuel Velasco debe ser sancionado, por los menos, para que no siga abusando de los chiapanecos.

Hay les dejo esta sencilla reflexión a los legisladores actuales, porque son ellos los que condonaron los agravios de Manuel Velasco en las comparecencias pasadas, donde ningun funcionario fue juzgado. Es momento de que empiecen hacer el trabajo que les corresponde  y dejen de ser un sistema que solo sirve para proteger funcionarios corruptos y delincuentes. Si en verdad los legisladores morenistas proyectan un cambio, la historia de nuestro estado tiene que empezarse a escribir desde otras acciones, relacionadas precisamente  con la impartición equitativa de la justicia.  

Actualmente, la Cámara de Diputados a nivel federal tiene pendientes 356 solicitudes de juicio político que se han acumulado en los 15 años recientes y 31 de la actual legislatura.

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