Las imágenes sobre enfrentamientos, presuntos abusos y serias tensiones entre fiscales municipales y vendedores ambulantes en el centro de Tuxtla Gutiérrez se han incrementado con el paso de las semanas. Lo que parecía ser uno de los primeros aciertos del gobierno de Carlos Morales Vázquez hoy apunta a convertirse en uno de los conflictos de mayor potencial para los dos años y medio que aún restan a la gris administración municipal.

Abordar el tema sin reconocer lo complejo de la problemática y las poderosas mafias que se esconden detrás del comercio ilegal en la zona centro de la capital chiapaneca sería francamente deshonesto. Es un problema tan añejo como las primeras leyes de regulación fiscal en la principal zona de intercambio comercial en Tuxtla Gutiérrez.

Administraciones municipales han pasado sin que el tema haya podido ser solucionado de fondo. Grandes proyectos (a principios de los años noventas) como la construcción del “Mercado de los Ancianos” y la reubicación de los cientos de comerciantes que se habían apoderado de la vía pública parecían la primera gran solución para erradicar dicho fenómeno comercial. Pero el tiempo y la irresponsabilidad de gobiernos subsecuentes terminaron convirtiendo a esos proyectos en esfuerzos inútiles.

La ambición de presidentes municipales como Juan Sabines Guerrero y algunos de sus herederos terminaron convirtiendo al comercio ilegal en un negocio redondo, con jugosos beneficios político-electorales. Se hicieron turbios pactos con grandes organizaciones violentas (como el propio MOCRI) para permitir su ingreso al primer cuadro de la ciudad mediante nuevas redes de comerciantes “ambulantes” a cambio de movilizar votos y otros favores relacionados con la activación de grupos de choque.

Con el paso de los años se otorgaron permisos de manera irresponsable y se solapó la proliferación de esas redes ilegales que muy rápido “echaron raíces” en la zona. El último intento fracasado fue el de Fernando Castellanos y la contratación de algunos integrantes de las propias redes de comercio ilegal para convertirlos en vigilantes de la zona. Sin olvidar el espacio habilitado a contra esquina del Parque Santo Domingo que terminó abandonado y convertido en refugio de indigentes.

La decisión de Carlos Morales Vázquez para intentar poner orden al comercio ilegal en el centro de la ciudad como parte de sus primeras acciones no resultaba nada nueva, pero si oportuna. Durante los primeros días del operativo, los procesos y resultados apuntaban a darle el primer éxito de administración municipal a Morales Vázquez, sin embargo muy pronto las cosas comenzaron a salirse de control.

Evidentes errores de procedimiento, abusos documentados en redes sociales y una clara falta de protocolos para minimizar enfrentamientos han comenzado a llenar de combustible el tema. La imágenes de este jueves mostrando a fiscales y comerciantes enfrentándose a piedras y palos, con una multitudinaria persecución final, son muestra clara que el gobierno de Carlos Morales Vázquez ha perdido todo control sobre el asunto.

El esquema de regulación, si es que aún existe o alguna vez existió, requiere de un replanteamiento urgente. Las tensiones entre fiscales y un cada vez más nutrido grupo de comerciantes enardecidos podrían terminar en episodios de mayor violencia, con consecuencias mayores. Las cosas no pueden continuar de la misma manera como hasta ahora.

El problema se agrava, como otros tantos en la ciudad, ante un presidente municipal que parece ausente. Carlos Morales ha dejado que los distintos “frentes de batalla” dentro su administración avancen con él en las penumbras y el silencio. Si Morales se va a conducir como un gobernante tras bambalinas, como la mente orquestadora, la mala noticia es que sus planes y estrategias a casi medio año de administración no están resultando tan afectivas… así las cosas.