La realidad del periodismo, sobre todo en entidades como Chiapas, está muy alejada de los ideales y los falsos estereotipos popularizados. El quehacer periodístico se enfrenta todos los días a riesgos, pasión por la noticia, complicaciones logísticas, retos de investigación, análisis complejos, pero también a la falta de recursos, sueldos injustos y una exigencia social que contrasta con la pobreza laboral de fondo.

No, no todos los periodistas viven en la opulencia y la fama de aquellas estrellas de los programas o noticieros nacionales. La mayoría, los periodistas de a pie, que todos los días toman su transporte público para cubrir sus notas, dejan a sus hijos en guarderías públicas o salen con los pesos contados para hacerle frente al día de trabajo, enfrentan una de las peores condiciones laborales en México.

Y no se trata de hacer mártir a un determinado sector, sino de contar una realidad tal cual es. Dolorosa, indignante y hasta vergonzosa, pero real. De acuerdo a un estudio de la Cámara Americana de Comercio en México, el periodismo se encuentra dentro de una de las actividades profesionales peor pagadas en México. En promedio, el periodista mejor pagado gana no más de ocho mil pesos mensuales, detalla el reporte de dicho organismo internacional.

Fuera de la capital del país es donde la situación es más precaria. Por ejemplo, en Chiapas el mejor salario ni siquiera alcanza los ocho mil peos mensuales. En la mayoría de los casos un periodista de a pie en la entidad chiapaneca gana entre cinco mil y siete mil pesos al mes. En otros tantos casos ni siquiera se encuentran integrados a una nómina formal, ganando salarios por coberturas o notas vendida con ingresos por debajo de los cuatro o cinco mil pesos mensuales.

Para sumar un salario de ocho mil pesos o más, gran parte de los periodistas en Chiapas tienen que trabajar en dos o más empresas, instituciones o actividades profesionales, de manera simultánea. Se ha convertido en una práctica habitual que no ha dejado otra alternativa. Pensar vivir de un sólo ingreso dentro de los medios de comunicación se ha convertido en una posibilidad cada vez más complicada con el paso de los años.

La idea de que los millonarios convenios de publicidad caen en cascada hacia todos los trabajadores de las grandes empresas de comunicación es una idea bastante errada. Así lo han corroborado los informes de la asociación Reporteros Sin Fronteras y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). La conclusión ha sido simple: México es un país con dueños de medios ricos y periodistas pobres.

En gran porcentaje del imaginario social los periodistas han sido injustamente encasillados en un sólo estigma: el de la corrupción, la dádiva y la complicidad gubernamental. En muchos de los casos, los periodistas de a pie han tenido que cargar con el pecado de los patrones, que enriquecidos esperan cómodamente la producción informativa diaria para publicar lo conveniente y desechar lo incómodo.

A veces pareciera olvidarse que los periodistas son trabajadores como cualquier otro, que cumplen una larga jornada laboral, que necesitan percibir ingresos suficientes para mantener una familia y padecen los fuertes gastos de enfermedades crónicas. El 71 por ciento de ellos lo hacen sin seguridad social, seguros de vida, servicios médicos o derecho a créditos de vivienda, señalan datos del propio INEGI.

Se trata pues de una labor poco valorada, con exigencias sociales desconcertantes. Al periodista socialmente se le exige denunciar sin temores, enfrentar al sistema gubernamental, exponerse a riesgos de coberturas, trabajar largas jornadas laborales y ofrecer una inquebrantable disposición de servicio social, como si se tratara de una actividad heroica de servicio público, donde el dinero de por medio es un tema escabroso que de inmediato lanza al comunicador al escarnio público.

Y los ejemplos sobran. El más reciente es el del corresponsal del Heraldo de Chiapas Mario Gómez. Fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 a las afueras de hogar, en el municipio de Yajalón, frente a su propio hijo. Dos personas sobre una motocicleta se aproximaron hacia donde se encontraba y tiraron a matar. Fue una ejecución captada por cámaras de seguridad que registraron el aterrador momento.

Entre la desolación de su familia y el escándalo de la ejecución pública, Mario fue trasladado en un ambulancia al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Las balas de los ejecutores habían cumplido su encomienda. Poco se pudo hacer. El joven corresponsal del Heraldo de Chiapas se había sumado a la lista de 66 periodistas asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pese a las promesas de apoyos económicos, por parte del gobierno estatal, no hubo ni pensión vitalicia especial, ni indemnizaciones por parte de la empresa periodística o el Estado. Hoy su muerte se mantiene impune, sin la detención de los autores intelectuales. Mario es el ejemplo más doloroso de la realidad que enfrenta el periodismo en México, como una labor de espejismos, injusticia laboral, escarnio social, riesgos desproporcionados e indefensión elevada… así las cosas.

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