Años de promesas políticas, millonarios presupuestos en programas sociales y discursos triunfalistas de poco han servido a miles de niños y niñas en Chiapas cuya infancia continúa siendo una de las más complicadas de todo México. Las cifras de organizaciones no gubernamentales no mienten, en pleno 2019  más del 80 por ciento de la población infantil en la entidad chiapaneca vive en la pobreza, entre las carencias y la violencia que han heredado.

Según el último reporte emitido por la Red por la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) la situación no es nada alentadora. Actualmente Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país, cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años, de las cuales el 83.8 por ciento vive en condición pobreza.

En regiones como Los Altos, las niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, lo que sitúa al estado en el noveno lugar nacional en mortalidad infantil. La vida escolar de miles de jóvenes se truncan en la secundaria.  Solamente siete de cada diez adolescentes concluyen su educación básica, ubicando al estado con el segundo menor promedio de escolaridad a nivel nacional.

La violencia contra la infancia se refleja también en los embarazos adolescentes (de niñas de 10 a 14 años) que colocan a Chiapas con la segunda tasa más alta del país. Las desapariciones y feminicidios en este sector son un problema que han cobrado notoriedad con el paso de los años recientes; en 2018 y lo que va de 2019 se han reportado desapariciones de 146 niñas, niños y adolescentes, siete niñas y adolescentes han sido asesinadas en ese mismo lapso de tiempo.

Pero la violencia también les ha arrebatado sus hogares. Entre 2017 y 2018 se documentó el desplazamiento forzado de al menos tres mil niñas, niños y adolecentes que hasta la fecha no han podido retornar a sus comunidades. Otros tantos provenientes de Centroamérica  se enfrentan a condiciones aún más adversas, abandonados, detenidos y sometidos a privaciones de la libertad o deportaciones sin garantías.

Tan sólo en 2018 fueron detenidos 31 mil 717 menores de edad en territorio chiapaneco, de los cuales el 82 por ciento fueron deportados de forma inmediata, sin garantizar el cumplimiento del debido proceso o acceso a la protección internacional. Es una realidad que sucede todos los días, en las fronteras, comunidades indígenas y perímetros de marginación, pero de la que poco se habla en la zonas urbanas.

En lo que respecta al trabajo infantil las cifras no resultan más alentadoras. Actualmente uno de cada diez niños chiapanecos se encuentra inmerso en el sector productivo estatal, por lo que al menos 170 mil menores de 14 años en Chiapas son parte de las cifras. Y es que, de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la entidad chiapaneca el 10.9 por ciento de los niños realiza algún tipo de trabajo.

Se trata de un sector para el que estados como Chiapas aún tienen muchos pendientes. Y es que, no se necesita caminar demasiado para palpar una realidad que se prefiere ignorar. En las calles, mercados, caminos y plazas públicas su presencia laboral –la mayoría irregular- se ha vuelto un escenario recurrente. Son niñas y niños a los que la pobreza, el rezago educativo, la ignorancia de sus padres o su situación migratoria los mantiene atados a graves entornos de explotación laboral o sexual.

Las políticas públicas a favor de los niños y niñas en Chiapas deben ir más allá de los discursos, necesitan hacerse efectivas en programas y acciones de atención inmediata a los problemas que más aquejan a este importante sector. Los tres niveles de gobierno deben voltear las miradas hacia este sector de la entidad chiapaneca que aunque ahora no representa votos inmediatos sí incide en un mejor futuro… así las cosas. 

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