La condonación que el gobierno de López Obrador otorgó a la millonaria deuda que miles de usuarios tabasqueños tenían ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un explicación de fondo mucho menos superficial de lo que parece. Va más allá de estadísticas morosas o afinidades de origen, tiene que ver con deudas políticas y recompensas a resistencias civiles que el propio Andrés Manuel inició.

La resistencia civil para exigir tarifas preferenciales en Tabasco comenzó alrededor del año 1995 cuando Andrés Manuel tenía 42 años. Fue parte de las propuestas de campaña durante su candidatura al gobierno de Tabasco y una de sus principales consignas los años subsecuentes a su cuestionada derrota en 1994.

En ese entonces, Obrador llamó abiertamente a los tabasqueños a la desobediencia civil en torno a temas como el pago de energía eléctrica y la privatización de PEMEX. Era el inicio de un movimiento, denominado Caravana por la Democracia, que terminó catapultando a Andrés Manuel hacia los reflectores nacionales y, con ello, a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática en agosto de 1996.

La resistencia contra las tarifas de energía eléctrica impulsada hace 24 años por Obrador desencadenó una de las deudas históricas más grandes de las que se tenga registro. Tabasco llegó a concentrar el 30 por ciento de la deuda nacional con la CFE. Uno de cada tres pesos adeudados a la paraestatal corresponden al estado de donde es originario el presidente de la república.

La explicación detrás de esto es muy simple: en Tabasco la mayoría de las personas no pagan la luz, o por lo menos no lo hacen a tiempo. De los 681 mil 120 usuarios domésticos de energía eléctrica, 519 mil 629 registran adeudos. Esto significa que el 76 por ciento (3 de cada 4 tabasqueños) no cubren el pago de la luz en sus casas.

Es de esta forma como la entidad acumuló una deuda total de más de 11 mil millones de pesos, que finalmente fue perdonada por el gobierno de quien la gestó de origen. Y es que, la condonación millonaria, hecha por la administración de Obrador, especialmente al estado de Tabasco no tiene explicación lógica o razonable.

Tabasco no es la única entidad donde existen resistencias civiles contra las tarifas de energía eléctrica. Desde hace al menos tres décadas también hay movimientos similares en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, donde los índices de pobreza son más graves. En Chiapas, desde la décadas de los noventas, existen comunidades indígenas y campesinas que se mantienen en en resistencia contra los cobras de la CFE, pero nadie los ha escuchado.

La condonación de la “deuda eléctrica” a los habitantes de Tabasco no se trata de un acto de justicia. Si así fuera el procedimiento hubiera beneficiado primero a las entidades con mayor pobreza o las que mayor energía eléctrica producen para consumo nacional. La entidad tabasqueña es la de mejor índice de desarrollo humano en el sureste mexicano y no se encuentra dentro de las entidades productoras de energía eléctrica. Casi el total de la energía que se consume en Tabasco es generada en Chiapas.

Por eso resulta evidente que la condonación responde más a caprichos y deudas políticas, que a verdaderos actos de justicia. Por ello el silencio del presidente de la república ante el reclamo de otras entidades que, incluso, podrían tener más argumentos para exigir semejante beneficio tras a décadas de afectaciones y pérdidas de tierras por la abrupta imposición de complejos hidroeléctricos o termoeléctricos.

Lo hecho por el gobierno de Morena respecto al trato especial con la deuda de Tabasco parece configurar una nueva traición a entidades como Chiapas donde la CFE tiene aún importantes pendientes de justicia social, y la presencia permanente de su titular (Manuel Bartlett) continúa siendo una promesa incumplida, sin beneficio aparente para los intereses de la entidad chiapaneca… así las cosas.

Volver