La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han encendido las alertas en México ante el drástico repunte de violencia letal contra defensores de los derechos humanos. Y no es para menos. Tan sólo durante los primeros cuatro meses del 2019 el país sumó un total de 10 asesinatos contra este sector, de los cuales tres se registraron en territorio chiapaneco.  

De acuerdo a casos documentados por ambos organismos internacionales, al menos 10 activistas o defensores de derechos humanos fueron asesinados durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. De los cuales, nueve eran hombres y una mujer. Sin embargo el dato más preocupante, según la CIDH, tiene que ver con que ocho de los diez casos corresponden a personas de origen indígena. 

El repunte en la incidencia ha sido dramático, en menos de cuatro meses la cifra general de asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos ha alcanzado al total de los registrados durante todo el 2018 cuando se contabilizaron 13 crímenes de ese tipo. El reporte emitido por ambos organismos ha colocado puntual atención sobre Chiapas donde se han registrado tres de los 10 asesinatos.

Dentro de los casos señalados se encuentra el sucedido el 3 de enero de 2019 en Arriaga, Chiapas, cuando se registró el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo, quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra”, y que en 2013 ya había sido víctima de una detención arbitraria en el marco de su participación en las actividades de defensa del derecho al agua.

De igual forma se tiene documentada la desaparición de los integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, el 17 de enero del presente año, cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas. Sus cuerpos sin vida fueron finalmente localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A los homicidios perpetrados en Chiapas se suma el asesinato de Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, quien fue ultimado el 9 de febrero en su domicilio de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. Además de los casos de Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario que fue asesinado el 20 de febrero en su casa de Amilcingo, Morelos, y el homicidio de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, asesinado el 30 de marzo.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos también expresó su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad.

Los datos revelados por la CIDH y la ONU no son asunto menor. Reflejan el elevado grado de vulnerabilidad al que se tienen que enfrentar todos los días quienes defienden los derechos humanos en México, pero sobre todo dejan de manifiesto la incapacidad del Estado para brindar protección efectiva a activistas y defensores en medio de un país secuestrado por la corrupción y la violencia criminal… así las cosas.    

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