Los endebles acuerdos entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump para evitar el incremento de aranceles a los productos mexicanos tienen nuevamente puestos los ojos del mundo sobre la frontera entre Chiapas y Guatemala. La obsesión del mandatario estadounidense con el tema migratorio y el complejo control de la línea fronteriza con México ha transportado sus intereses hacia la frontera chiapaneca donde la cosas siguen fuera de control.

Pero no es la primera vez que Trump plantea una “intervención simulada” para asumir cierto control de la frontera entre Chiapas y Guatemala en lo que va de su administración. Sólo tres meses después de su toma de protesta, en mayo de 2017, el rumor sobre la consolidación de un añejo pacto militar alertó a asociaciones civiles dedicadas a la defensa de migrantes en Centroamérica.

Mediante un documento respaldado por más de 300 organizaciones civiles de dicha región continental, en ese entonces, los firmantes expresaron su rechazo a lo que denominaron como el probable “intervencionismo histórico” que podrían convertirse en el episodio de mayor presencia militar estadounidense en la frontera sur mexicana.

Se había puesto sobre la mesa la instalación de una “Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA” en el departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de toda la frontera. Era un acuerdo que el gobierno de Enrique Peña Nieto había pactado con el recién llegado presidente Trump, pero las complicaciones de política interna en ambos países no lograron concretar el asunto, rompiendo las negociaciones. 

Sin embargo, el trasfondo de este tipo de acuerdos secretos resulta más profundo de lo que parece. Se trata de un proyecto trazado desde la administración de Felipe Calderón, que finalmente transcendió a la siguientes dos administraciones, endureciendo sus intereses de ejecución con Trump. Así los demuestra el telegrama filtrado por Wikileaks el 18 de octubre de 2012 (latam México 1009107) en el que se demuestra que el pacto data desde antes de 2010.

El documento reveló que un equipo de inteligencia de México (CISEN) y el entonces embajador en los Estados Unidos, Arturo Sarukhán, realizaron reuniones secretas con el “Comando Norte” de EUA en las instalaciones del Pentágono. Al respecto, el Jefe del Comando Norte reconoció en aquel entonces que “el aumento de la ayuda militar había sido discreta para evitar un contragolpe público en México”.

Hoy parece evidente que la negativa del nuevo gobierno encabezado por López Obrador para reconocer dichos acuerdos ha desatado la ira del caprichoso presidente estadounidense. Las “presiones orquestadas” desde los Estados Unidos de América para obligar al gobierno mexicano a endurecer su frontera sur y permitir la injerencia estadounidense en el control migratorio no han tenido el éxito esperado.

Después de una ola de caravanas migratorias y la dura crítica social desencadenada por la postura del gobierno mexicano para facilitar su paso, las medidas arancelarias de Estados Unidos apuntan a ser la siguiente maniobra de presión para transportar sus políticas migratorias hasta una frontera muchos menos extensa y más lejana al territorio yanqui, en los límites entre México y Guatemala. Se trata pues de una solución más factible y menos costosa que la construcción de un muro fronterizo (de más tres mil kilómetros de largo), con miras a una elección intermedia que requiere de resultados populares urgentes… así las cosas.    

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