La explosión descontrolada del fenómeno migratorio en la frontera en Chiapas y Guatemala ha desatado también un incremento significativo en el número de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encendiendo las alertas de manera especial para la entidad chiapaneca donde los reportes sobre abusos a migrantes han repuntado de manera preocupante.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió, de enero a abril, cerca de 231 quejas respecto a atención a migrantes, lo que equivale a casi la tercera parte de lo que reportó el organismo en el 2018 cuando se acreditaron 705 denuncias.

En 120 días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 231 quejas registradas, la CNDH reportó como foco rojo al estado de Chiapas donde se documentaron alrededor de 70 denuncias, siendo el estado con mayor número de denuncias en todo el país.

En esta entidad, por donde ingresaron las multitudinarias caravanas migrantes desde a finales de 2018, la CNDH reportó 69 denuncias que se distribuyeron de la siguiente manera: 35 en Tapachula; Tuxtla Gutiérrez, 15; Palenque, 10; San Cristóbal de las Casas, 2; así como una denuncia en cada uno de los municipios de Frontera Comalapa, La Concordia, Mapastepec, Ocosingo, Pichucalco, Pijijiapan y Suchiate.

Entre los hechos violatorios que fueron informados al organismo se encuentra una queja interpuesta por la expulsión ilegal del país; sin embargo, 65 fueron referentes a hechos que trasgredieron los derechos de los migrantes y sus familiares, así como por emplear arbitrariamente la fuerza pública.

En segundo lugar dentro de la lista de estados con mayor número de denuncias registradas, se encuentra este año la Ciudad de México con 41 quejas también en 120 días, distribuidas 22 en la delegación Venustiano Carranza, 8 en Miguel Hidalgo, 6 en Iztapalapa, 2 en cada alcaldía como Cuauhtémoc, Iztacalco y Benito Juárez.

A la lista se suma Tamaulipas, con 19 denuncias; seguida de Veracruz, con 17; Tabasco, 15; Nuevo León, 9; Quintana Roo, 9; Baja California, 8; Oaxaca, 8; Coahuila, 7; Puebla, 7; Estado de México, 5; Jalisco, 3; Guanajuato, 2; Querétaro, 2; Sonora, 2 y Chihuahua, 1.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), tan sólo durante el primer trimestre de este año se registró -de manera oficial- el ingreso y deportación de 30 mil 187 migrantes, mayoritariamente centroamericanos. Actualmente al menos mil 700 migrantes se encuentran varados en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula a la espera de los pases de salida.

Hasta el cierre del mes de marzo la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó la entrega de al menos 12 mil 716 solicitudes de refugio en la estaciones migratorias de Chiapas. De ellos, seis mil 996 son de Honduras; dos mil 116 de El Salvador; mil 871 de Venezuela; 679 de Guatemala; 455 de Nicaragua y 599 de otros países. Sin embargo, según proyecciones de la misma Comisión se estiman que para finales de este año la cifra alcanzará las 50 mil solicitudes.

No se trata de un problema menor. Con el paso de los meses, las tensiones entre pobladores y migrantes dentro de las nueva rutas se han incrementado. La presencia de bandas dedicadas al tráfico ilegal de personas también ha tenido su repunte, con trágicos accidentes como el sucedido el pasado 7 de marzo en el que 23 personas perdieron la vida al volcarse un camión que transportaba al menos 50 indocumentados.

Lo cierto es que las autoridades ha sido rebasadas en su capacidad de atención al problema. La situación exige a gritos un replanteamiento a las políticas migratorias para el nuevo contexto que hoy enfrenta México. No se requiere el cierre definitivo de la frontera sur, sino el restablecimiento del estado de derecho, la restitución del orden y la aplicación de un programa humanitario verdaderamente efectivo… así las cosas.    

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