El combate al robo de combustibles en los estados donde históricamente se registraba la mayor incidencia parece haber provocado un “efecto cucaracha” hacia otras entidades del país, entre las que Chiapas ha resultado de las más afectadas. Y es que, de acuerdo a datos recientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en sólo un año la entidad chiapaneca pasó de un promedio de dos a 14 tomas clandestinas detectadas.

Según la información hecha pública por la paraestatal, entre enero y mayo de este año Pemex registró seis mil 621 tomas clandestinas. Aunque la tendencia de este delito a nivel nacional ha comenzado a bajar, los datos de la empresa muestran un nuevo récord en el número de ataques (sin éxito) a la red de ductos, principalmente en los estados de Hidalgo y Estado de México.

En el informe se muestra nuevamente a Hidalgo como el estado con el mayor número de ataques a la red de ductos para la ordeña de combustible, registrando más de dos mil 170 tomas clandestinas. El segundo lugar lo ocupa el Estado de México, donde dicho delito ha crecido en 56% (con más de 923 perforaciones); en la lista también están Tamaulipas con 673, Puebla con 677 y Guanajuato con 629.

Sin embargo, la cifras de mayor preocupación tienen que ver con el incremento en la detección de tomas clandestinas dentro de regiones del país donde antes la incidencia era de las más bajas. Destacan casos como el de Chiapas que pasó de dos tomas entre enero y mayo de 2018 a 14 este año, con un aumento de 600%. Dentro de los repuntes porcentuales le siguen Coahuila con un aumento del 182%, Tabasco con 143% y Oaxaca con 88%.

El drástico incremento de incidencia ha encendido las alertas preventivas dentro de estados donde el robo de combustible era prácticamente inexistente. La concentración de la atención policial en el denominado “triangulo rojo”, sobre los estados del centro del país donde se concentra el mayor número de tomas clandestinas, parece comenzar a provocar una migración progresiva de la delincuencia organizada hacia perímetros menos vigilados.

Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Yucatán deberán tener de inmediato la atención de la Federación. Y es que, se trata de un práctica que crece de manera rápida. Según datos oficiales, Pemex registró formalmente el primer gran robo de combustible a sus ductos hace 17 años, en el año 2000, cuando se registraban 15 extracciones. A los huachicoleros le bastaron menos de dos décadas para causar perdidas estratosféricas.

De acuerdo con cifras del reporte anual de Pemex, entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108 mil investigaciones por el delito de robo de combustible. Este crecimiento se dio de forma exponencial y alarmante en muy pocos años, pues mientras en 2006 se registraron 394 investigaciones, en 2018 se contabilizaron alrededor de 31 mil denuncias formales.

Dicho problema generó pérdidas del orden de 66 mil 300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país. También equivale a los 66 mil 000 millones de pesos que se asignó este año a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e incluso a lo que se destinó para la Secretaría de Gobernación.

No se trata de una problemática menor. Los incrementos exponenciales en el número de tomas clandestinas detectadas dentro de Chiapas, y entidades donde antes la incidencia era mínima, deben tomarse con seriedad para evitar que el sureste mexicano termine convirtiéndose  en el refugio inmediato de dicha estructura delincuencial. Finalmente, el combate federal al delito ha dado buenos resultados, pero no se pueden dejar cabos sueltos… así las cosas.    

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