Ha pasado casi una década desde la fundación de la colonia Sacramento de Jesús y el fraude cometido contra alrededor 390 familias permanece en la absoluta impunidad. El tráfico de influencias, el abuso de poder y la red de corrupción, que ha involucrado a personajes como el ex presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, mantienen en la incertidumbre a decenas de habitantes que podrían perder su hogar en cualquier momento.

La historia comenzó en 2009 cuando el propietario original, Gustavo López Calvo, comenzó la lotificación y venta de la propiedad donde actualmente se ubica la colonia, con una extensión aproximada de 12 hectáreas. El procedimiento parecía dentro de la normalidad, con contratos de compraventa, recibos de pago y promesas de escrituración para 390 lotes, con precios que oscilaban entre los 15 y 25 mil pesos cada uno.

Tras haber completado la mayoría de los pagos de compraventa, en junio de 2013 López Calvo solicitó a los compradores, mayoritariamente de escasos recursos, un pago adicional de mil 400 pesos para comenzar los trámites de escrituración. Fue justo en ese proceso cuando el abogado Efrén Cal y Mayor Gutiérrez, titular de la Notaría Pública 112, se hizo presente ante los colonos para asumirse como el nuevo responsable de los procedimientos legales.

Con un supuesto avance en los procesos de escrituración, se  les pidió a los colonos formar una asociación civil para agilizar los trámites de manera conjunta. Todo parecía estar apunto de concretarse, o al menos así lo aseguraba Cal y Mayor. Sin embargo, lo inesperado estaba por suceder.

Tras varios meses de ausencia, Cal y Mayor Gutiérrez regresó a la colonia para informar que las cosas habían cambiado de manera drástica. Sin aviso previo y en absoluta traición a los contratos originales, el predio completo había sido vendido por Gustavo López Calvo a otra persona, por lo que se necesitaban renegociaciones con el nuevo propietario, de nombre Ulises Uriel Llaven Gallegos, para evitar ser desalojados y perder su patrimonio.

Entre el desconocimiento jurídico, la desesperación y la manipulación de Cal y Mayor Gutiérrez muchos aceptaron una negociación para conseguir la firma de las escrituras por parte del nuevo dueño. Fueron nueve mil 500 pesos entregados por cada familia al notario 112 para que resolviera una dolosa situación que, supuestamente, el señor Gustavo López había provocado de manera inexplicable.

Nadie esperaba la última maniobra de Efrén Cal y Mayor. Y es que, para 2014 el predio había sido nuevamente vendido a otra persona, y los procesos de compraventa habían sido ejecutados por la misma Notaría 112. Los habitantes de Sacramento de Jesús habían sido engañados durante años por la misma persona, con una inversión que finalmente se había ido “a la basura”.

Tras darse cuenta de tremendo fraude se iniciaron las respectivas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, quien dio instrucciones a la ahora Fiscalía General del Estado para abrir una carpeta de investigación. Para 2015 ya sumaban más de 35 procesos judiciales de familias defraudadas por Cal y Mayor Gutiérrez. Sin embrago, los colonos aseguran que con el triunfo de Fernando Castellanos y las vinculaciones de Efrén con otros personajes poderosos del “gobierno verde”, las investigaciones se mantuvieron sin avances sustanciales por los siguientes tres años.

Y es que la controversia en torno al parentesco y vinculaciones de Efrén Cal y Mayor y Fernando Castellanos Cal y Mayor han circulado en torno caso durante años. Así, mientras los colonos afectados y documentos oficiales (puntos de acuerdo) de la Cámara de Diputados afirman que ambos personajes son primos directos, Fernando Castellanos se ha deslindado del tema, asegurando no tener ningún lazo consanguíneo con el imputado.

Hoy la situación permanece en el mismo tenor. Las familias continúan sin sentencias sobre sus denuncias por fraude y, por lo tanto, también sin certidumbre jurídica sobre sus propiedades. Han pasado cuatro años desde que se interpusieron primeras las denuncias y nada se ha hecho contra el notario público, que sigue operando en total impunidad mientras cientos de familias viven frente a la elevada posibilidad de perder sus hogares... así las cosas.      

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