La intolerancia religiosa, la violencia política y los conflictos internos han convertido a Chiapas durante las últimas décadas en tierra fértil para los desplazamientos forzados. Los casos multitudinarios e historias particulares están por todos lados; en las calles, plazas públicas o manifestaciones permanentes a las afueras de oficinas de gobierno, donde familias indígenas enteras permanecen a la espera de poder volver a casa.

Apenas este fin de semana la historia de 66 niños tsotsiles desplazados por la violencia paramilitar atrajo la atención de medios nacionales. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio cuando seis hombres armados entraron en una camioneta a la comunidad San Pedro Hidalgo y perpetraron el primer ataque del día que dejó una persona herida y pánico entre la población, mayoritariamente integrada por niños y madres.

La segunda y definitiva incursión fue más intensa, provocando que los pobladores salieran huyendo en busca de refugio. La agresión alcanzó también a la comunidad vecina de San Pedro La Grandeza, pero sus habitantes decidieron quedar “encerrados” mientras la violencia cesaba. En cuanto hubo oportunidad escaparon a las montañas, dejando sus hogares en medio del miedo y la incertidumbre.

En las comunidades quedaron abandonadas las cosas, terrenos y todas las pertenencias de las familias. También estaban regados por las calles los casquillos percutidos de municiones de alto poder que fueron usados en el ataque. Quedaron destruidos los sembradíos donde se cosechaban productos para comercializar y también las huertas que cada familia tenía para su auto consumo. Los animales de granja y los caballos simplemente ya no están.

Hace unos días, durante su visita a Chiapas, Alexandra Bilak, directora internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), señaló que los indígenas son actualmente el sector que más padece el desplazamiento forzado en México. Precisó que, en la década reciente, el gobierno mexicano ha sido omiso ante este fenómeno derivado de la violencia que afecta a cientos de miles de personas.

Además de Chiapas, el fenómeno se replica en nueve estados de la república mexicana donde la violencia ha desplazado a más de 380 mil personas durante los últimos 10 años. El desplazamiento forzado interno se debe principalmente a la violencia generada por grupos armados locales y actividades paramilitares; sin embargo, y pese a su gravedad, la problemática se encuentra fuera del plan nacional de desarrollo.

De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante 2018 en el país se registraron 25 casos de desplazamientos internos forzados en cinco estados, con casi 11 mil 500 personas afectadas.

Guerrero y Chiapas concentran el mayor número de afectados. Tan sólo la entidad chiapaneca contabilizó un total de cinco mil 35 personas que se sumaron en 2018 a la cifras de desplazados internos. El estado concentra a más del 45 por ciento de la incidencia total a nivel nacional.

Los casos más recientes tiene que ver con los municipios de Chenalhó y Aldama donde la confrontación entre grupos armados del Partido Verde Ecologista de México y viejos cacicazgos dejaron un  ola de muerte y cientos de familias expulsadas que hasta la fecha no pueden regresar a casa. Se trata de una herida abierta que sigue sin ser atendida con efectividad. Una realidad que mantiene a miles lejos de casa y muchos más frente el riesgo de sumarse a las estadísticas… así las cosas.

 

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