Un año se ha cumplido desde el cobarde asesinato del reportero chiapaneco Mario Gómez y los autores intelectuales de su crimen permanecen en la absoluta impunidad. Las autoridades judiciales parecen apostarle al olvido de un hecho cuya justicia ha llegado “a medias”, entre sospechas de complicidades evidentes y beneficios de inmunidad para asesinos aparentemente influyentes.

Mario fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 a las afueras de hogar, en el municipio de Yajalón, frente a su propio hijo. Dos personas sobre una motocicleta se aproximaron hacia donde se encontraba y tiraron a matar. Fue una ejecución captada por cámaras de seguridad que registraron el aterrador momento.

Entre la desolación de su familia y el escándalo de la ejecución pública, Mario fue trasladado en un ambulancia al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Las balas de los ejecutores habían cumplido su encomienda. Poco se pudo hacer. El joven corresponsal del Heraldo de Chiapas se había sumado a la lista de 66 periodistas asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según publicaciones del mismo Mario Gómez, documentadas por Artículo 19, el 15 de junio de ese mismo año el corresponsal del Heraldo de Chiapas recibió las primeras amenazas contra su integridad y la de su familia. Sólo un día después, el 16 de junio fue alertado por personas de la localidad sobre un grupo de al menos 7 personas esperándolo para privarlo de su libertad en cuanto apareciera en el centro de la cabecera municipal.

Después de la denuncia pública y penal, tras la presión realizada por organizaciones no gubernamentales, las autoridades estatales accedieron asignarle protección especial que con el paso de las semanas terminó por diluirse. El día de su asesinato Mario y su familia estaban prácticamente indefensos; y las amenazas se hicieron efectivas.

El 24 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) anunció la detención del primero  de los autores materiales, Juan Pablo N. Sólo unos cuantos días después se informó sobre la captura de Óscar Leyver N, alias “El Zapatudo”, y a Juan David N, “El Machaca”, este último, líder de una banda de narcomenudistas que operaba en Yajalón. Sin embargo, desde entonces un silencio sepulcral por parte de la Fiscalía envolvió el caso.

Bastaron tres días para detener a los autores materiales, pero ha pasado un año y los autores intelectuales siguen “sin ser identificados”. El proceso indagatorio se ha sumido en un letargo sospechoso. Esa es la precepción expresada por la familia de Mario mediante una entrevista realizada por la periodista Itzel Grajales a principios de año. De la supuesta pensión prometida por Manuel Velasco a los hijos del periodista tampoco ha habido nada.

Este jueves la Asociación de  Periodistas y Comunicadores de Chiapas (Apecoch) ha preparado una serie de actividades de protesta para exigir el esclarecimiento completo de su asesinato. A las 10 de la mañana Henry Gómez, hermano de Mario, dará una conferencia de prensa para informar sobre los avances de un caso que sacudió a la prensa en Chiapas, tras 25 años del último asesinato a un periodista e la entidad.

Mario es el ejemplo claro de lo que sucede con la mayoría de los asesinatos a periodistas y activistas en México, donde la justicia se reduce a la detención de chivos expiatorios o autores materiales para permitir que los verdaderos orquestadores de tan cobardes crímenes permanezcan en total impunidad. El caso de lo sucedido en Yajalón no estará cerrado hasta que todos los involucrados sean identificados y finalmente se sepa ¿quién mandó matar a Mario Gómez?... así las cosas.    

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