La permisividad, complicidad e indiferencia de las autoridades estatales durante años en la entidad chiapaneca permitieron el empoderamiento y fortalecimiento de agrupaciones sociales que se acostumbraron a negociar con base al chantaje y la violencia a fin de mantener o establecer su condiciones.

Utilizando causas campesinas, estudiantiles e indígenas, entre otras, se han acostumbrado a imponer “su propia ley”, incluso por encima de los derechos de terceros. Saliendo a las vías públicas, cada que resulta necesario, para amedrentar, generar presión, apoderarse del derecho de vía y luego victimizarse de manera reiterada.

Para quienes diariamente recorren por las carreteras de la entidad no es un secreto el alto riesgo que implica transitar por algunos puntos y zonas de la geografía chiapaneca  perfectamente identificables. Perímetros donde el Estado ha abandonado sus obligaciones de seguridad, dejando la jurisdicción a la libre determinación de los más fuertes o violentos.

Y no es una exageración. Las historias sobre retenes arbitrarios, asaltos carreteros y hasta prácticas tramposas para provocar “accidentes” que obliguen a detener vehículos para luego asaltarlos son recurrentes. Tampoco se trata de generalizar. Existen por supuesto carreteras y autopistas bastante seguras en el estado; sin embargo los focos rojos se han dejado crecer ante la absoluta omisión de las autoridades responsables.

Los casos de la zonas Altos, Selva y Fronteriza de Chiapas son indiscutibles. Estas áreas geográficas se ha convertido en “tierra de nadie” donde los asaltos, la violencia y la muerte son fantasmas permanentes. De acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas registra un promedio de 300 asaltos carreteros anuales.

Tan sólo en 2016 esta cifra alcanzó los 336 ilícitos. Más del 90 por ciento se realizan con elevados niveles de violencia, provocando decesos cuyos datos no se precisan. En los últimos tres años la incidencia de asaltos carreteros en Chiapas ha mostrado un repunte del 57 por ciento, siendo las carreteras de Palenque – Ocosingo y Ocosingo – San Cristóbal de las Casas las más peligrosas de la entidad.

Justo en abril de 2018 la notica sobre el asalto violento a un camión con 25 turistas alemanes escandalizó a la prensa nacional. Los casos más recientes sucedieron en febrero pasado, en el municipio de La Trinitaria, donde un camión de la OCC fue también asaltado con lujo de violencia; además del sucedido el pasado 23 de abril cuando un empresario yucateco fue retenido y baleado por negarse a entregar sus pertenencias en una carretera de la zona fronteriza chiapaneca.

La violencia asesina en las carreteras de Chiapas no es asunto nuevo. Se ha vuelto parte de la cotidianidad en puntos perfectamente identificables donde las autoridades han sido gravemente omisas. Omisas en advertir de manera responsable a la ciudadanía y los turistas sobre la situación de riesgo para evitar transitar las zonas; ineficientes en atender la problemáticas y cómplices en permitir la existencia y proliferación de grupos anárquicos que se han prácticamente apoderado de los caminos.

Operativos como los aplicados en meses pasados a la organización MOCRI-CNPA Emiliano Zapata o este fin de semana a la Caseta Malpasito, secuestrada desde hace meses por un grupo de pobladores violentos, no pueden convertirse en acciones aisladas. Necesitan transformase en políticas públicas para restaurar el orden, con sus inevitables consecuencias.

Chiapas está cansado de gobierno corruptos, saqueadores e ineficientes, pero también de agrupaciones delincuenciales, fomentadas por intereses oscuros, que han utilizado a las nobles causas para favorecerse, negociar prebendas y lastimar a los verdaderos movimientos sociales. Llegó el momento de tomar decisiones, no ceder a los chantajes y limpiar a Chiapas las viejas herencias de anarquía y violencia que tanto han lastimado a la entidad… así las cosas.

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