Opinion

Y los años de bonanza para el aún presidente de la Rial Academia de la Lengua Fraylescana y autodenominado promotor de la campaña presidencial de Manuel Velasco Coello en Veracruz, Antonio Macías Yazegey, parecen haber llegado a su ocaso en el peor de los escenarios posibles, perseguido por la justicia mexicana por delitos tan graves como lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Las excusas del Gobierno de Chiapas en relación al costo real del controversial lienzo charro duraron demasiado poco. Fueron los mecanismos de la ley de transparencia los que terminaron confirmando el millonario derroche de recursos públicos con un monto superior a los 250 millones de pesos utilizados para la construcción del complejo que ahora alberga al campeonato nacional de charrería en la capital chiapaneca.

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Con un largo historial de saqueos en las finanzas públicas y administraciones sexenales de excesos, corrupción al máximo nivel y políticas de desarrollo económico prácticamente inexistentes, Chiapas parece estar anclado al fondo de las tablas estadísticas de pobreza y desigualdad en México, con el poder adquisitivo “más jodido entre los jodidos”.

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Y pese a la inconformidad social, los señalamientos sobre caprichos millonarios y la falta de transparencia en el manejo del presupuesto para la ejecución del proyecto, finalmente este miércoles fue inaugurado el lienzo charro de Tuxtla Gutiérrez como un inmueble al que se ha querido disfrazar de “foro multiusos” para justificar su construcción innecesaria, en un estado como Chiapas donde la charrería es un lujo de muy pocos.

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La discriminación sistemática cometida por el aparato gubernamental y sus instituciones en contra de la población LGBTI en Chiapas tuvo su punto de quiebre finalmente este martes cuando se dio a conocer la sentencia del Poder Judicial de la Federación donde queda demostrada la intransigencia y omisión de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la hora de proteger los derechos humanos de éste sector.

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