Opinion

Las imágenes sobre enfrentamientos, presuntos abusos y serias tensiones entre fiscales municipales y vendedores ambulantes en el centro de Tuxtla Gutiérrez se han incrementado con el paso de las semanas. Lo que parecía ser uno de los primeros aciertos del gobierno de Carlos Morales Vázquez hoy apunta a convertirse en uno de los conflictos de mayor potencial para los dos años y medio que aún restan a la gris administración municipal.

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Son varios los pendientes que el Congreso del Estado  tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desde el año pasado se está “haciendo Pato”. El próximo lunes, 1 de abril, la 67 legislatura del Congreso de Chiapas, iniciará su segundo periodo ordinario de sesiones, que corresponde al primer año de ejercicio constitucional, y es hora de que se ponga a trabajar para dar solución a los asuntos que tiene con la CFE, porque al paso que van no podrán cumplir con el mandato del presidente Andrés López Obrador, para descentralizar la paraestatal.

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Con la desaparición de Nueva Alianza y su ya conocida integración al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, ha fijado sus objetivos en la creación de un nuevo partido político, desde donde no sólo buscará la recuperación de los espacios políticos perdidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también el control del mismo SNTE.

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Lo que se había vuelto un secreto a voces al interior de la propia Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) parece estarse confirmando mediante la investigación publicada esta semana por el periódico Excélsior en donde se da a a conocer la existencia de depósitos y transferencias bancarias irregulares hechas por la Secretaría de Educación en Chiapas a favor de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) durante el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Leer más: Velasco habría dado sobornos a la CNTE por más de 130 mdp (En la Mira / Héctor Estrada)

En los recientes años,  la posición privilegiada de los diputados se convirtió en un desprestigio generalizado entre la mayoría de los mexicanos. Y no es para menos, pues el presupuesto anual para ejercer su labor cada vez más aumenta y  los resultados son también cada vez más desastrosos. En Chiapas no se cantan mal las rancheras, según el Informe Legislativo 2018, del instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO),  por cada legislador, el Estado gasta más de 7 millones de pesos anuales.  Es decir, el Congreso de Chiapas no se encuentra entre las entidades que el Estado emplea hasta 27 millones de pesos anuales por diputado; sin embargo, al compararlo con  Puebla, el Estado gasta el doble y  el trabajo legislativo no se ve reflejado.

Leer más: ¿Cuánto nos cuesta a los chiapanecos la ineficiencia del Congreso? (Maraña de mujer/Idalia Díaz)

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